Que el acceso a la vivienda es uno de los problemas fundamentales de la sociedad actual y más en España, es una realidad. ¿Qué se está haciendo en todos los ámbitos en materia de vivienda social? ¿Cuál está siendo la respuesta del sector de la construcción?, ¿Qué planes se están llevando a cabo, qué medidas se están adoptando y qué acciones están previstas por diversos estamentos? Saber el panorama actual y futuro es el objetivo de este artículo en el que se exponen las principales iniciativas desde diferentes ámbitos.
Podríamos decir que la pelota de la vivienda social está en el tejado de las Administraciones, pero no es realmente así. Resulta ser un problema en el que todos los estamentos tienen algo que hacer y qué decir, que reclama una alianza de país, un pacto de Estado si bien las principales decisiones vienen de la mano de los responsables políticos.
Reivindicaciones del sector de la construcción para aplicar un conjunto de políticas
La inversión pública está estrechamente vinculada a la construcción de viviendas sociales. Aunque existen reservas de suelo, las administraciones a menudo argumentan que los presupuestos disponibles son insuficientes para alcanzar los objetivos establecidos en materia de vivienda social. De ahí la importancia de que se apueste por la colaboración público-privada (una utilización abusiva de medios propios que efectúan algunas administraciones muchas veces la impide) para incrementar la oferta de vivienda social.
Pero el sector de la construcción, que es socio estratégico en esta materia, reclama también otra serie de medidas para alcanzar los objetivos:
- Políticas de apoyo al acceso de una primera vivienda, como un programa de avales para jóvenes
- Adoptar e incentivar el establecimiento de beneficios fiscales
- Agilizar los préstamos ICO
- La simplificación y agilización de los procesos y canales actuales para la tramitación de las licencias urbanísticas y, en concreto, la licencia de obra y primera ocupación. Una mejor gestión del urbanismo.
- Un nuevo modelo de clasificación de empresas que no atente contra la competencia entre constructoras en el acceso a las obras
- Una actualización de los precios para acceder a los concursos públicos (esto hace que cada vez son más los pliegos que se quedan vacíos). Asimismo, la industria advierte que, al registrar costes tan elevados, se crea un perjuicio a la sociedad, dado que las promociones no se pueden ejecutar y, por tanto, la nueva oferta de vivienda residencial no llega al segmento que más lo necesita.
- Las mejoras en las tasaciones, lo que garantiza una asignación justa de recursos, promoviendo viviendas sociales más accesibles, equitativas y sostenibles.
Situación y propuestas que vienen de Europa
Europa es un ‘puzle’ en materia de vivienda social, con una disparidad basada en raíces históricas profundas, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial. Muchos países del centro del continente, emprendieron programas masivos de construcción de vivienda pública, mientras que otros, en contraste, como España, centraron sus esfuerzos en construir viviendas en régimen de propiedad en lugar de alquiler social. Algunos ni cuentan con vivienda social como es el caso de Letonia, Lituania y los del sur Grecia, Chipre y Malta. Otros apenas cuentan con una vivienda social testimonial: Croacia, un 1,8%, Estonia, un 1,7% y Rumanía un 1,5%.
Reino Unido ha puesto en marcha la iniciativa Help to buy (ayuda para comprar), un programa que permite la compra de una vivienda con financiación hasta el 95% del precio total mediante aval para la entidad financiera.
A la cabeza en vivienda social en Europa están Países Bajos, Austria y Dinamarca, con cifras que alcanzan el 30% incluso, pero se dan otras políticas nacionales. Así, por ejemplo entre nuestros vecinos, Francia, ofrece crédito al 0 % de interés y, en el mercado del alquiler, destaca Portugal que, en diferentes grados, puede llegar a subvencionar las rentas durante los tres primeros años.
Sin embargo es común la creciente crisis de vivienda en el continente, lo que ha hecho que la presidenta de la Comisión Europea mueva ficha, en su nueva andadura, y haya propuesto un nuevo comisario de Energía y Vivienda y el denominado ‘Plan Europeo de Vivienda Asequible’ que consistirá en ofrecer asistencia técnica a ciudades y Estados miembro y se centrará en inversiones y cualificaciones profesionales; buscará aumentar la construcción de viviendas sociales, regular el alquiler, fomentar inversiones sostenibles y garantizar la protección de inquilinos, a la vez que combatir la exclusión social y mejorar el bienestar. Un objetivo ambicioso cuando los tratados de la Unión no otorgan a las instituciones europeas ninguna competencia en Vivienda.
Iniciativas destacadas en España de diferentes estamentos
A nivel institucional, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, MIVAU, lleva a cabo actuaciones en ámbitos como el acceso a la vivienda o la articulación de ayudas. De esta forma cuenta con cinco programas para contribuir a alcanzar la meta de levantar unas 183.040 viviendas en alquiler social o a precios asequibles repartidas por toda la geografía española. Cifra que incluye las 50.000 viviendas a movilizar por la Sareb y las 11.000 del Fondo Social.
En concreto, el objetivo inicial de MIVAU es poner a disposición de la ciudadanía unas 123.040 viviendas sociales de la mano del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – fondos europeos de recuperación NextGenerationEU, el Plan Estatal de Vivienda, la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes).
Un ejemplo de colaboración público-privada e ir de la mano en la producción es el Plan VIVE de la Comunidad de Madrid, enfocado en viviendas de alquiler con rentas reguladas y que apuesta por la vivienda asequible en alquiler con el que se pretende alcanzar en tres años la cifra de 10.500 nuevas viviendas de alquiler a precio asequible, la mayoría bajo la modalidad de construcción industrializada.
En Andalucía el proyecto NZEISHB (Near Zero Energy Industrialized Social Housing Building), promovido por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), es una propuesta innovadora destinada a la edificación de viviendas protegidas con un consumo energético casi nulo y también mediante métodos industrializados.
En la misma línea el plan NSH del Gobierno de Navarra a través de la sociedad Navarra de Suelo y Vivienda, S.A.U (Nasuvinsa, SAU) busca favorecer, desde los poderes públicos, el acceso de la población más desfavorecida a una vivienda de calidad y a precios asequibles y contempla en su conjunto la construcción sostenible de 1.116 Vivienda de Protección Oficial (VPO) que implica la movilización de una considerable inversión productiva y que favorece la integración social. De nuevo, la construcción industrializada es protagonista en este plan.
A nivel municipal destaca la labor del Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Barcelona, IMHAB, que gestiona un parque que ya supera las 11.500 viviendas en la ciudad y que trabaja recuperando pisos vacíos en propiedad y, por el otro, promoviendo la construcción de nuevas promociones (la mayoría apostando también por la construcción industrializada) en régimen de alquiler público.
Por su parte en Madrid, las familias con rentas mensuales de hasta 4.500 euros podrán acceder a las más de 2.200 viviendas destinadas a alquiler asequible del ‘Plan Suma Vivienda’, la nueva propuesta del Ayuntamiento de la capital con la que pretende paliar la escasez y los altos precios en el sector inmobiliario mientras incentiva la colaboración público-privada.
Todas estas y otras iniciativas y el debate del gran reto del acceso a la vivienda y la puesta en marcha de políticas de vivienda social serán protagonistas en la próxima edición de CONSTRUMAT, que se celebrará del 20 al 22 de mayo de 2025, un foro no solo para el crecimiento del sector de la construcción, sino también para favorecer la transformación social.